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TRAS UNA DENUNCIA DEL CELS, LA JUSTICIA INTERVINO EL NEUROPSIQUIATRICO DE MELCHOR ROMERO

Hospital de muerte, desidia y abandono

Foto:Página 12
Foto: Página 12

El organismo de DD.HH. presentó un amparo por la muerte sin explicación de 102 pacientes. El juez comprobó el estado deplorable del hospital que depende de la provincia. Encontró ratas, excrementos, pacientes desnudos y sobremedicados, entre otras irregularidades, recientemente. Un caso paradigmático es el “N.B.” quien según informó el director del establecimiento “es travesti y padece HIV”. La inspección la halló “durmiendo sobre un colchón roto, sin sábanas. El perito psiquiatra la ayudó a incorporarse, N. B. estaba desaliñada, sucia, se rascaba permanentemente la cabeza, apenas se entendía lo que intentaba decir. Presentaba una delgadez extrema, la boca inflamada y ausencia de varias piezas dentales. Señalando sus encías balbuceó que no podía comer. Se pudo advertir que estaba muy medicada. No podía sostenerse en pié”, describió el juez Arias en su dictamen. (Por Pedro Lipcovich/ Página 12).

La Justicia dispuso una intervención en el hospital psiquiátrico de Melchor Romero, haciendo lugar a una medida cautelar solicitada por el CELS. La acción judicial se había presentado en relación con la muerte de 59 personas, el año pasado, y de 43 en los primeros meses de este año, sobre una población de unos 750 internos. Cuando el juez dispuso una inspección ocular, no sólo se encontraron ratas, cucarachas, orines, excrementos, pacientes desnudos, sobremedicados, tirados en colchones y en el suelo: también había varias habitaciones clausuradas, cuyas llaves fueron negadas con diversas razones o excusas, donde podría haberse concretado la orden de “aislamiento” que figuraba en alguna historia clínica. El 20 por ciento de los internados carece de documentos de identidad y los “tratamientos” son puramente farmacológicos. La intervención estará a cargo de un “cuerpo colegiado” interdisciplinario, cuyos integrantes serán sugeridos por entidades profesionales, organismos de derechos humanos y autoridades provinciales.La medida cautelar fue dictada por Luis Federico Arias, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata. El CELS había solicitado, como medida de fondo, que “se condene a la provincia de Buenos Aires a sustituir el dispositivo monovalente que funciona en el Hospital interzonal de Agudos y Crónicos Dr. Alejandro Korn, de Melchor Romero, por dispositivos de salud mental comunitarios, de acuerdo con la Ley Nacional de Salud Mental”. La presentación incluía, “con carácter cautelar, la intervención judicial a través de la designación de una mesa intersectorial que adopte un plan de acción urgente”, ya que “59 personas murieron en 2013 y 43 en lo que va de 2014. Las causas de esas muertes se desconocen”.
El juez dispuso un “reconocimiento judicial”, que se efectuó el 28 de octubre pasado con participación de peritos de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. La visita debía ser sorpresiva, para evitar ocultamiento de pruebas, pero –señala el fallo– “las autoridades del hospital se encontraban en pleno conocimiento de la diligencia que se iba a practicar” y así “al personal de limpieza le duplicaron las horas de trabajo” y “baldeaban continuamente los pisos” durante la visita. Según una fuente judicial, la filtración “sólo pudo provenir de alguno de los peritos de la Suprema Corte”.

El dictamen destaca el “intento de ocultar diversas habitaciones a las que no se pudo acceder”: dos de ellas tenían “puertas soldadas y pintura fresca, reciente”, y “según los enfermeros estaban clausuradas por fallas de infraestructura”. Otras estaban “cerradas y las llaves sólo las tenían médicos que no estaban presentes”. Otras estaban “con candado. Las enfermeras refirieron que se utilizaban como depósito, aunque llamativamente manifestaron desconocer su contenido”. En historias clínicas se hace referencia a sitios “de aislamiento” (ver aparte).
La fuente judicial señaló a este diario que “no hay control sobre el uso de medicamentos ni se previene su sustracción. Muchos profesionales están silenciados por un sistema laboral sumamente permisivo, que los deja faltar o ausentarse. Hay enorme corrupción y descontrol y no está claro el destino de las pensiones que reciben muchos pacientes”. El 1º de noviembre fueron robados 150.000 pesos de una caja de seguridad con dinero de pacientes.
La visita judicial constató “la ausencia absoluta de intimidad”. Así, “los baños carecen de puertas” y los pacientes padecen “la inexistencia de objetos personales”. Además “no tienen actividades y su jornada transcurre en un ‘sólo estar’”. Y “un paciente refirió episodios de violencia, golpes en el cuerpo, como una práctica habitual por parte de un enfermero. Nunca presentó denuncia por estar acostumbrado a ese tipo de prácticas”.

“La humedad es constante en todos los ambientes, así como el mal olor y la presencia de moscas. Los sectores donde se almacena la ropa presentan suciedad, mal olor.” Además, “instalaciones eléctricas precarias, goteras en los techos; en días de lluvia la situación se torna gravísima. Vidrios rotos, telarañas; cucarachas en contacto con platos, vasos y bolsas de pan”.
“En la sala para pacientes que requieren atención clínica, muchos estaban descalzos. Uno estaba acostado totalmente desnudo. Luego se levantó y, desnudo, se dirigió al baño. El personal manifestó que la ropa, que proviene de donaciones, cuando se manda al lavadero del hospital a menudo no vuelve. En habitaciones había charcos de orín y en el pasillo, restos de excremento. No hay toallas, los pacientes se secan con sábanas. El personal manifestó faltantes de guantes, jeringas, gasas, agujas, bolsas de colostomía, pañales. Que había un paciente con bronquitis y no hay aspirador. Que hay cinco pacientes con diabetes y las jeringas de insulina son insuficientes.”

El dictamen agrega que “el veinte por ciento de los pacientes carece de documentos de identidad, y no se advierte que las autoridades hayan efectuado trámite alguno para su obtención”. “Todos los pacientes relevados ingresaron hace por lo menos dos décadas; fueron internados por orden judicial, llevados por familiares o la policía; en ningún caso bajo consentimiento informado.”

Agencia Para La Libertad, periodismo de intervención social

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