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El gobierno Nacional ha firmado un proyecto de decreto que elimina el sistema de aranceles únicos para los servicios de discapacidad, vigente desde hace 25 años. Esto provocará desigualdad, advierten familias, trabajadores y organizaciones del sector.
El decreto permite que cada obra social establezca libremente los valores de los servicios, rompiendo con el principio de universalidad y calidad actualmente vigente. Esto podría llevar a que algunas personas accedan a servicios de menor calidad según su cobertura médica.
Se advierte que esta medida creará una distinción entre ciudadanos de primera y de segunda clase, afectando a un colectivo ya de por sí vulnerable. Las familias temen que la medida profundice la desigualdad y el abandono estatal hacia el sector.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no ha proporcionado detalles sobre los supuestos beneficios de la desregulación. Mientras tanto, aumenta la demanda para declarar la Emergencia en Discapacidad y detener este proyecto.
Necesitamos avanzar en políticas inclusivas y de acceso igualitario a derechos, pero no parece ser de importancia para el gobierno nacional donde se lo ve decidido a desmantelar los pocos mecanismos de protección que tienen las personas con discapacidad. Es urgente revertir este retroceso y reafirmar el compromiso del Estado con la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, sin excepciones.
